Sector Automotor ante los compromisos del Gobierno de México contra el cambio climático
Con respecto al anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno al Decálogo de Acciones que presentó el viernes pasado para combatir el cambio climático en el Foro de las Principales Economías del Mundo, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) manifiesta lo siguiente:
Las empresas que forman parte de la AMIA desde hace varios años se han planteado compromisos y objetivos orientados a combatir el cambio climático transitando hacia la electromovilidad a nivel global y en México. Por ello, reconocemos la importancia de que el gobierno mexicano acompañe la iniciativa encabezada por el gobierno del presidente Biden para mitigar las emisiones de dióxido de carbono a través de acciones integrales en los diferentes rubros económicos.
Respecto al compromiso no vinculante de que la producción mexicana de vehículos “cero emisiones” sea el 50% del total en 2030, la AMIA celebra la intención y propone respetuosamente se instale una mesa de trabajo con el gobierno federal a efecto de conocer y contribuir a la definición de la política pública que se requiere implementar para alcanzar dicho objetivo y cumplir con los compromisos pactados en el Foro.
Asimismo, consideramos de la mayor relevancia desarrollar una política pública integral, coordinada transversalmente en la Administración Pública Federal, para el desarrollo de la electromovilidad en el país que comprenda el otorgamiento de incentivos a las empresas para producir vehículos electrificados tales como los Híbridos Eléctricos, Híbridos Eléctricos Conectables, Eléctricos y de Celda de Hidrógeno, así como estímulos para promover la adquisición de estos vehículos, el desarrollo de infraestructura de recarga para vehículos electrificados y la creación de un marco legal y normativo adecuado.
En 2021, México produjo 58,292 vehículos electrificados, representando apenas el 2% de la producción total de vehículos ligeros (3,028,481 unidades) en ese mismo lapso. Referente al mercado interno, el año pasado se vendieron 47,079 vehículos eléctricos, 4.6% de las ventas totales de vehículos ligeros en el país.
En caso de buscar acercar el país a los objetivos anunciados recientemente por el gobierno, resulta imperativo instrumentar, lo antes posible, incentivos a la producción y comercialización, la infraestructura necesaria y el marco regulatorio antes descritos a fin de que las empresas fabricantes, armadoras y comercializadoras en México transiten más ágilmente hacia la electrificación de su flota.
La estrategia de transición a la electromovilidad debe considerar, no sólo mecanismos para incentivar la producción de vehículos electrificados en nuestro país, sino también para facilitar el consumo de los mismos: 1) incentivos al consumidor para la adopción de vehículos electrificados tales como los Híbridos Eléctricos, Híbridos Eléctricos Conectables, Eléctricos y de Celda de Hidrógeno; 2) estímulos no fiscales, tales como el acceso gratuito a las autopista urbanas, parquímetros, entre otros; 3) el desarrollo de infraestructura de recarga para vehículos electrificados en corredores interurbanos; 4) creación de un marco legal y normativo; así como 5) campañas informativas orientadas a la población.
En ese sentido, la AMIA ha propuesto al gobierno federal firmar un acuerdo de colaboración, incluyendo en su caso a las demás organizaciones del sector automotriz, a fin de establecer lineamientos en los que ambas partes determinen la estrategia para alcanzar dichos objetivos. En paralelo, consideramos necesario que los tres órdenes de gobierno trabajen en conjunto con la industria automotriz para perseguir mejores prácticas y políticas públicas integrales que permitan aspirar a este ambicioso objetivo.
Desde la AMIA reiteramos nuestro compromiso de continuar incorporando las mejores tecnologías y soluciones que permitan la mitigación de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, así como nuestra entera disposición para trabajar con el gobierno mexicano en la creación de políticas públicas integrales que faciliten una transición exitosa hacia la movilidad sustentable.
